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El pasado 12 de enero, cinco ciudadanos y activistas venezolanos que trabajan en el área de derechos humanos y VIH fueron detenidos por la policía, acusados de los delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, todos integrantes de la organización civil Azul Positivo, fueron detenidos luego del allanamiento de sus oficinas en el estado de Zulia, y se ordenó mantenerlos en prisión preventiva.

Por esto, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) emitió un comunicado en el que se dice “profundamente preocupada” por esta detención. La directora del organismo, la ugandesa Winnie Byanyima, hizo un llamado a las autoridades a que también devuelvan el equipo incautado durante el arresto. Tal equipo es esencial, puesto que incluía, entre otras cosas, la base de datos de los usuarios de los servicios de la organización.

Azul Positivo inició actividades en 2004, explicó ONUSIDA, con el fin de trabajar en la prevención del VIH en el estado. El propio organismo internacional ha apoyado el trabajo de Azul Positivo durante años y “ha sido testigo del impacto positivo de sus contribuciones a la comunidad”.

ONUSIDA dijo que apoya firmemente el empoderamiento pleno y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta al VIH y el trabajo humanitario. De igual forma “espera continuar trabajando con organizaciones de base comunitarias y de la sociedad civil de Venezuela”, así como con las instancias gubernamentales.

Al llamado internacional también se sumó la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en boca de su portavoz Stéphane Dujarric, dijo que la institución está “profundamente preocupada” por la situación de estos defensores de derechos humanos, y que ha solicitado su liberación inmediata.

Por otro lado, una de las abogadas defensoras de los activistas reportó que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que tiene a su cargo a los detenidos, pidió a los familiares que lleven medicamentos para atención por COVID-19, pero no abundan en el estado de salud de los imputados, sólo mencionaron que presentaban síntomas.

Tanto la abogada como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia sostienen que, si los activistas tienen COVID-19, su traslado a un centro hospitalario es urgente.

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