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Desde que comenzaron las investigaciones tanto para los tratamientos como para las vacunas contra el nuevo coronavirus, se abrió un debate sobre la posibilidad de que las empresas farmacéuticas renunciaran a las patentes de los productos que pudieran desarrollar, para así contribuir a que más gente tuviera acceso a los mismos.

A mediados de diciembre, la organización civil Médicos sin Fronteras insistió en este punto, pues el tema estaba a punto de discutirse en la reunión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a partir de una propuesta sobre exención de propiedad intelectual.

“No podemos repetir las dolorosas lecciones de los primeros años de la respuesta a la pandemia del VIH/sida”, señaló el coordinador de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF, Yuan Qiong Hu, el 15 de diciembre, un día antes de que se efectuara la reunión de la OMC. “Esta propuesta brindaría a los países más herramientas para abordar las barreras legales para extender la producción y el suministro de productos médicos necesarios para el tratamiento y la prevención de la COVID-19”, explicó.

Según datos de la agencia española de noticias Infosalus, ese momento cinco países respaldaban la propuesta: Kenia, Eswatini (antes Suazilandia), Pakistán, Mozambique y Bolivia. Al discutir dentro de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), unos 100 países más habían secundado la propuesta. Sin embargo, varias entidades se habían opuesto a la idea: Australia, Brasil, Canadá, la Unión Europea, Japón, Noruega.

Al llevar a cabo la reunión, el 16 y 17 de diciembre, los países integrantes de la OMC acordaron prolongar las discusiones sobre la propuesta de renuncia a patentes, oficialmente presentada en ese organismo por India y Sudáfrica, países que ya antes tuvieron acceso a fabricar o comprar (respectivamente) medicamentos genéricos contra el VIH, abaratando así los costos y ofreciendo tales fármacos a mayor cantidad de población.

Se había fijado el 30 de diciembre como la fecha límite para que la OMC se pronunciara sobre el tema, pero al no existir consenso, los países acordaron debatir sobre el tema en enero, reportó la agencia de noticias EFE. 

La oposición a la propuesta sumó también el voto del Reino Unido. Sus argumentos consisten en que el sistema internacional de patentes hace posible que la industria farmacéutica invierta los recursos necesarios para la investigación y el desarrollo, pues garantiza un beneficio futuro.

Sin embargo, no hay que olvidar que esta pandemia de SARS-CoV-2 ha provocado una situación inédita, pues las investigaciones para desarrollar tratamientos y vacunas contra el coronavirus han sido financiadas con el dinero de organismos públicos de los países desarrollados.

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