El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) está a la espera de que los países de América Latina reporten cómo han avanzado hacia la meta de lograr cero discriminación contra las poblaciones clave en la pandemia, un objetivo que se había planteado para alcanzar el pasado 2020.
La iniciativa surgió durante el Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe para el Continuo de la Atención del VIH, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en 2015. En esa oportunidad, representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, de las poblaciones clave (como los hombres gays y bisexuales, las personas dedicadas al trabajo sexual y las personas que se inyectan drogas, entre otros grupos) y quienes viven con VIH adoptaron un “Llamado a la Acción” que planteaba esta meta.
Más tarde, instituciones como ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe desarrollaron los indicadores que deben medirse para evaluar si se ha cumplido con el objetivo.
Tres principales indicadores
De acuerdo con el documento guía para reportar estos indicadores, disponible en el sitio web de ONUSIDA, los tres principales datos que los gobiernos deben informar son:
- Poblaciones clave y vulnerables que experimentaron discriminación en los servicios de salud
- Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses
- Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y las poblaciones clave
Cabe recordar que ONUSIDA ha identificado que la discriminación es uno de los principales obstáculos para lograr poner un freno a la pandemia de VIH, pues este tipo de actos provocan que las poblaciones que más lo necesitan se queden fuera de las acciones de prevención y atención del virus.
Discriminación contra poblaciones clave
En este primer indicador, los países de la región deberán informar el porcentaje de personas que pertenecen a alguna población clave o vulnerable que experimentaron discriminación en los últimos 12 meses, dentro de los servicios de salud.
Las cuatro poblaciones clave que se deben identificar son: trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas que usan drogas inyectables y personas trans.
ONUSIDA aclara que las poblaciones vulnerables dependen del contexto de cada país, pero entre las más recurrentes se encuentran mujeres y niñas, indígenas y afrodescendientes, migrantes, personas en reclusión, adolescentes y jóvenes y personas que usan drogas en general (aparte de quienes usan drogas inyectables).
Los actos de discriminación que deberían haberse erradicado son la negación de los servicios de salud, el rechazo o la hostilidad por parte del personal de salud y la divulgación de información sin consentimiento dentro de una institución de salud.
Actos violentos contra personas LGBTI
Este indicador deberá informar a ONUSIDA el número de actos violentos contra personas LGBTI reportados en los últimos 12 meses. Estos datos se recabarán no sólo de los registros policiacos, sino también del trabajo que realizan observatorios y redes nacionales y regionales de derechos humanos.
La información deberá estar desagregada por población (lesbianas, hombres homosexuales, hombres bisexuales, mujeres bisexuales, mujeres trans, hombres trans y personas intersexuales), por edad (diferenciando menores de 25 años o mayores de esa edad) y ciudad o región donde sucedieron los hechos.
El documento precisa que entre los actos violentos a reportar se incluyen chantaje; agresiones psicológicas, físicas y sexuales; daños a la propiedad; intimidación; acoso; abuso verbal o insultos o mensajes de odio (por ejemplo, por correo), además del asesinato.
Violaciones a derechos humanos
Aunque hoy existen diversos mecanismos para garantizar los derechos de las personas con VIH, la violación de estos principios sigue siendo un problema frecuente. Por eso, ONUSIDA pide reportar el porcentaje de denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas que viven con VIH (y de las poblaciones clave) que se han resuelto en los últimos 12 meses.
En este punto, se considerará “resuelta” una reclamación cuando el sistema de monitoreo del gobierno ha investigado y tomado las medidas apropiadas para el caso (incluyendo las apelaciones) y la persona quejosa haya recibido una resolución final.
Para obtener estos datos se recurrirá a las instancias estatales de defensa de derechos humanos y también a los observatorios nacionales sobre el tema.
Cero discriminación para vencer al VIH
De este modo, ONUSIDA busca avanzar hacia la eliminación del sida como amenaza de salud pública para 2030, un compromiso que no sólo América Latina, sino todos los países del mundo han adoptado.
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